Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires
El MOP fue creado en el año 1885 por Ley N° 1770. Las funciones de este Ministerio no se circunscriben sólo a lo relacionado con el progreso material de la Provincia, sino que también refieren a problemáticas de orden institucional.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inicialmente, en la Constitución de 1853 el ministerio se denominó «Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública» (Art. 84). Su primer titular fue Santiago Derqui, bajo el mandato del presidente Justo José de Urquiza. Posteriormente, y luego de la reforma de 1898, se modificó el gabinete y el área de culto fue transferida al Ministerio de Relaciones Exteriores; el ministerio pasó a denominarse «Ministerio de Justicia e Instrucción Pública» (ley n.º 3727).
La reforma de 1949 eliminó el número de límite de ministerios y el ministerio se desdobló en el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación (disposición transitoria primera de la Constitución). En este período el primer ministro de Justicia fue Belisario Gache Pirán. Por ley n.º 14 303, sancionada el 25 de junio de 1954 y promulgada el 28 de julio del mismo año, se re-organizó el gabinete y el Ministerio de Justicia quedó fusionado con el Ministerio del Interior en el Ministerio de Interior y Justicia. Luego del golpe de Estado de 1955, el 12 de noviembre de ese año, se lo dividió en carteras separadas (decreto-ley n.º 2811). El 8 de junio de 1956, por decreto-ley n.º 10 351, se fusionaron los departamentos de educación y justicia en el Ministerio de Educación y Justicia.
Posteriormente, el 23 de septiembre de 1966 (luego del golpe de ese año) se sancionó la ley n.º 16 956; y tanto el área de educación como la de justicia pasaron a constituir secretarías en el ámbito del Ministerio del Interior. El 20 de octubre de 1969, por ley n.º 18 416, se re-organizó el gabinete y la Secretaría de Justicia volvió a ser ministerio.
En 1983, en plena recuperación de la democracia, el Ministerio de Justicia fue nuevamente unificado con el de Educación en el Ministerio de Educación y Justicia (ley n.º 23 023, sancionada el 8 de diciembre de 1983). Después, por ley n.º 23 930, sancionada el 18 de abril de 1991 y promulgada el 22 del mismo mes y año, ambos departamentos fueron separados.
Por ley n.º 25 233, sancionada y promulgada el 10 de diciembre de 1999, pasó a denominarse «Ministerio de Justicia y Derechos Humanos». Durante la crisis de diciembre de 2001, Ramón Puerta designó un ministro del Interior e interino de Justicia y Derechos Humanos y de Defensa. Durante los ocho días que duró la presidencia de Adolfo Rodríguez Saá se restableció la autonomía del área como Secretaría de Justicia y Asuntos Legislativos, retornando al rango de ministerio en 2002. En 2007 pasó a denominarse «Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos», por ley n.º 28 366 (sancionada el 6 de diciembre de 2007 y promulgada el día siguiente). Por decreto n.º 1993 del 14 de diciembre de 2010, recuperó su denominación anterior.
Ministerio de Hacienda de la provincia de Buenos Aires
Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires
La Ley de Ministerios de 1885 dispuso y definió las funciones de este Ministerio. Todo lo concerniente al gobierno político de la Provincia, el gobierno municipal o local, la justicia de Paz, la policía y todo lo que la Ley no atribuye a otro ministerio. y también absorbería otras como la ejecución de las Leyes para la elección de gobernador, vice, la división territorial en departamentos y la creación de municipalidades y villas, la formación de presupuestos y promulgación de leyes y, todo lo que por Ley le toca al gobernador en la organización del Poder Judicial, en lo relacionado con el culto, a las universidades y establecimientos de instrucción secundaria.
Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires
en 1873, cuando Buenos Aires establecía su primera Constitución provincial, confiaba la administración de la educación a un Consejo General de Educación y a un Director General de Escuelas que debía ser nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
Dos años después, la ley 988, que reglamentaba la educación común, determinaba que la administración General de las Escuelas estaría a cargo de un Consejo General de Educación y de un Director General. También se fijaba que a ese Consejo lo integraría un director que lo presidirá y ocho personas más.
La Constitución de 1889 mantuvo las atribuciones del Poder Ejecutivo para nombrar al Director General de Escuelas y, con acuerdo de la Cámara de Diputados, a los miembros del Consejo General de Educación.
Ya en el siglo XX, la Constitución de 1934, ratificaba la existencia y funciones del organismo. Fue a partir de 1952, que se dispuso que los bienes de la Dirección General de Escuelas, del Consejo General de Educación, de los Consejos Escolares y del Instituto Autárquico de Colonización fueran transferidos al fisco de la Provincia.
Entre 1949 y 1955 se reemplazó la Dirección General de Escuelas por el Ministerio de Educación.
Entre 1958 y 1963 se mantuvo esa denominación, pero se agregó la Dirección General de Escuelas sin el Consejo General de Educación.
En el período democrático 1963-1966, por ley 6749 de 1964, se restauró la Dirección General de Escuelas con el Consejo General de Educación, pero siguió existiendo el Ministerio de Educación para la educación media y superior.
Entre 1966 y 1973 se suprimió el Consejo General de Educación, aunque continuó funcionando el Ministerio de Educación y la Dirección General de Escuelas.
Entre 1973 y 1976, con el gobierno democrático, se estableció el Ministerio de Educación como única estructura de conducción. La situación se mantuvo durante el período de la dictadura militar, entre 1976 y 1983.
En 1984 la ley 10.236 restableció la Dirección General de Escuelas y Cultura y el Consejo General de Educación y Cultura. En tanto, diez años después la Ley de Educación Común, volvió a la denominación de Dirección General de Cultura y Educación.
El edificio de la DGCyE, Monumento Histórico Provincial
La construcción del edificio de la Dirección General de Cultura y Educación comenzó el 27 de noviembre de 1883 y tres días después se colocó la piedra fundamental.
“Era tan digno del agradecimiento de la patria el soldado que combatía en su fervor en los campos de batalla, como el maestro de escuela que se sacrificaba por la educación del pueblo, pues si los primeros le conquistaban glorias, los últimos preparaban a sus hijos para todo progreso”, manifestó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Dardo Rocha, durante la ceremonia realizada el 30 de noviembre de 1883.
La piedra fundamental del edificio lleva la siguiente inscripción: “Piedra fundamental de la casa para el Consejo y Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Esta piedra fue colocada siendo Gobernador el doctor Dardo Rocha; Presidente del Consejo Nacional de Educación, doctor don Benjamín Zorrilla; Director General de Escuelas y Presidente del Consejo General de Educación de la Provincia, doctor Nicolás Achaval; Vicepresidente del mismo, doctor Juan Manuel Ortiz de Rozas; Consejeros: doctor Diego de la Fuente, doctor Alberto Ugalde, doctor Benjamín Canard, Don Angel Estrada, Don Diego Arana, Don Bernabé Demaría y Don Juan Gil; Arquitecto Don Carlos Altgelt. La Plata, 30 de noviembre de 1883”.
El edificio público pertenece al Plan Fundacional de la ciudad de La Plata y fue habilitado en 1886. El proyecto estuvo a cargo del arquitecto Carlos Altgelt, mientras que la empresa constructora fue Plou y Oliveri.
En 1992, la estructura edilicia fue declarada Monumento Histórico Provincial por Declaratoria Resolución Provincial Nº 35/80-Ley Provincial Nº 11.261/92.
A 110 años de su existencia, el edificio sufrió reformas internas que no cambiaron el estilo arquitectónico concebido en aquella época de fines del siglo XIX.
Ministerio de Comunicaciones de la Provincia de Buenos Aires
El Ministerio de Educación y Justicia de Argentina fue un organismo perteneciente a la Administración Pública Nacional que existió entre 1983 y 1989.
Se constituyó por Ley N.º 23 023n. 1 del 8 de diciembre de 1983 del presidente de facto Reynaldo Bignone.1 La misma fue publicada en el Boletín Oficial el 14 de diciembre.
Por decreto n.º 15 del 14 de diciembre de 1983 del presidente Raúl Alfonsín, se crearon en el ministerio las secretarías de Coordinación Educacional, Científica y Cultural, de Educación, de Justicia, de Ciencia y Técnica y de Cultura.
En abril de 1991, el Congreso de la Nación aprobó la Ley N.º 23 930 modificando la N.º 23 023 y creando los Ministerios de Cultura y Educación y de Justicia.
Fue creada en 1999 por organizaciones argentinas de Derechos Humanos, para lograr una participación coordinada en iniciativas locales y nacionales en favor de la memoria colectiva sobre el pasado reciente de Argentina.
El desafío era enriquecer el proceso de construcción de la memoria colectiva desde un fuerte compromiso con la tarea y el aporte de distintas disciplinas profesionales, en continuidad con el trabajo realizado por los organismos desde su fundación. Se trataba de encarar tareas urgentes de modo planificado, privilegiando el acceso del público a la información y la promoción del debate sobre el período para enriquecer la cultura democrática.
La apuesta inicial de Memoria Abierta fue reunir material disperso, recuperar documentación deteriorada y organizarla para el acceso público, crear nuevas fuentes registrando testimonios orales de protagonistas y testigos, y profundizar la investigación sobre el despliegue del plan de represión ilegal en el territorio nacional a través de la identificación y estudio de los numerosos edificios y sitios en los que pueden hallarse huellas del período.
Realizó sus primeras actividades con la organización del Coloquio “El Museo que queremos”, que dio lugar a una publicación que registra el debate inicial sobre las características y formas de organización del futuro Museo.
A fines de 1999, Memoria Abierta presentó sus ideas y objetivos en la Primera Conferencia Internacional de Museos de Conciencia. En esa oportunidad, junto a otros museos que abordan temas similares del pasado de las sociedades, se fundó la Coalición Internacional de Museos de Conciencia en Sitios Históricos. En marzo del año 2000, se firma un convenio de cooperación que estableció el marco de trabajo para las actividades. La primera donación, recibida en abril de 2001, permitió a Memoria Abierta iniciar el desarrollo de varios proyectos y establecer oficinas.
A lo largo de estos años, Memoria Abierta ha logrado avanzar y superar los objetivos planteados al momento de su fundación. A los trabajos iniciales para organizar documentos a través del área de Patrimonio Documental y la creación del Archivo Oral, se creó un Archivo Fotográfico y el área de Topografía de la Memoria. El resultado de esta tarea es múltiple: por un lado, materiales educativos, piezas de difusión, talleres de capacitación y jornadas de trabajo en torno a la historia reciente y formas de representación del período y progresos visibles en la agenda pública en tanto estas acciones contribuyeron a colocar en el debate temas claves para los trabajos por la memoria: los archivos y el acceso a los mismos, el uso público de lugares y sitios que se constituyen en emblemáticos por su uso durante el plan de represión ilegal y los dilemas fundamentales a enfrentar al momento de diseñar un museo.
La primera tarea en los archivos de los organismos de derechos humanos se inició en 2001 y continúa hasta la actualidad. En este marco se catalogaron los documentos en sus propias sedes, se unificaron los catálogos en una base de datos común para facilitar su acceso y esa información fue centralizada en la Web de Memoria Abierta. Esta primera etapa produjo un considerable mejoramiento en el acceso a estos fondos, dependiendo de cada situación institucional. Los fondos documentales sobre el terrorismo de Estado que atesoran los organismos contienen documentación que data del momento mismo de la fundación de cada organismo –entre 1974 y 1978– y llega hasta la actualidad. Entre otros documentos: correspondencia que familiares de detenidos y desaparecidos enviaban a los organismos estatales en la búsqueda de sus seres queridos; denuncias; informes, boletines; folletos; causas judiciales, documentos jurídicos; mapas, planos; testimonios (recabados desde la dictadura militar hasta que fueron dictadas las leyes de amnistía –1986-1987– y los indultos –1990); documentos internos de las organizaciones; documentos elaborados para la difusión pública: gacetillas de prensa, comunicados, solicitadas que fueron publicadas en los medios de comunicación, cartas a los gobiernos nacionales y extranjeros, afiches de campañas públicas y eventos, etc..
A partir de la difusión de esta tarea de organización y acceso de archivos y por el desarrollo de las demás actividades de Memoria Abierta, se recibieron donaciones personales, entre ellas, el archivo del fiscal Luis Moreno Ocampo; de las Madres de Plaza de Mayo Adelina de Alaye y María del Rosario Cerruti, de grupos sindicales combativos como la Lista Marrón – UOM Villa Constitución. Se sumaron también, colecciones digitales (Pancartas; Cartas Personales; Afiches; Documentos emblemáticos; Juicio a las Juntas Militares) y material de investigaciones bibliográficas y documentales (Plan Cóndor; Centros Clandestinos de Detención).
En la mayoría de los casos Memoria Abierta no es la institución depositaria de estos fondos, quedando en la institución una copia digitalizada para la consulta y las descripciones en su catálogo.
Desde noviembre de 2013, Memoria Abierta se sumó al Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA). Su sede es el edificio “30.000 Compañeros Presentes”, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y a partir del 6 de enero reabre las puertas de su archivo al público
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
La Razón de Chivilcoy es un diario de circulación impresa y digital fundado el 16 de noviembre de 1910